Abogada Karina Riquelme defensora de causas Mapuche habla sobre la persecución policial y el montaje de la Fiscalia

Octubre 12, 2016 | 4974 Visitas
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ENTREVISTA/ WERKEN.CL

Con respecto a la persecución en tu contra  por parte de efectivos policiales de carabineros, ¿desde cuándo comenzó?

Desde que trabajamos en el CIDS, hace 7 años, siempre hemos observado a efectivos policiales de civil y es algo que no nos llama la atención, pero no nos llama la atención puesto que pensamos que están realizando labores propias, encomendadas por su institución, siendo así que uno los reconoce ya en cada audiencia de connotación mapuche y es algo que no nos llame la atención. Señala Karina- comenta que en una ocasión mientras ejercían labores de defensa en el edificio de tribunales un colega no relacionado con el caso, le informa que vio en su vehículo a una persona con una cámara apuntando y tomando fotografías a Karina y su equipo realizaban su trabajo

Sumado a esto, una oficial segundo de tribunales le señala que en el segundo piso de este mismo edificio estaba una persona en la misma situación, fotografiándola.

Debido a lo inusual de estas situaciones, Karina tomó registro de las patentes de los vehículos en los cuales se movilizaban estas personas. Encontrándose en el registro civil uno a nombre del departamento de logística de Carabineros y el otro a nombre de la Policía de investigaciones.

Sin embargo el hostigamiento no terminó ahí, si no que cuando se dirigía a tribunales a interponer un recurso de protección junto a  José Aylwin Oyarzun, ( consejero del  Instituto Nacional de Derechos Humanos y codirector del  Observatorio Ciudadano), una persona baja de  un vehículo , saca su teléfono celular y nos saca una foto directamente. Todos estos hechos fueron documentados y presentados como pruebas, incluyendo una declaración jurada de José Aylwin Oyarzun.  Sin embargo la corte desestimo estas pruebas y testigos  negando el recurso de amparo argumentando que no existían delitos ni afectación en contra nuestra.

Irónicamente lo único que pudimos comprobar es que existía una investigación en nuestra contra. Pasando de abogada defensora a imputada, constituyendo esto evidentemente una estrategia  de desgastar a las defensas de personas que son inocentes.

Actualmente ante la indiferencia del ministerio se interpuso un recurso de apelación ante la corte suprema.

Según tu opinión ¿Cuáles serían los motivos de persecución por parte de las policías?

En primera instancia no sabíamos desde donde podría provenir la orden de investigar a defensores del caso L-M. solicitando información a la Agencia Nacional de Información, ya que estos tienen la posibilidad de investigar a todo tipo de persona que proclame o tenga el pensamiento que vaya en contra de la “seguridad” del estado y como somos defensores de personas del pueblo mapuche que hoy se encuentran en reivindicaciones , creímos que podría venir desde ahí esta investigación, pero hasta el día de hoy nos encontramos sin respuesta  dejándonos  en una situación muy similar a los tiempos de dictadura  en los cuales las policías no reconocen este tipo de seguimientos  y acosos

¿Es legal que los efectivos policiales realicen estos seguimientos? Si no lo es, ¿qué medidas van a tomar como defensores?

En este sentido Karina manifiesta que son hechos que operan desde la ilegalidad, además  se genera  un constante hostigamiento al equipo defensor  por el solo hecho de  ejercer su profesión, es inadmisible, para esto es necesario  que el poder judicial haga eco de estas denuncias, puesto que hoy las policías y el ministerio público inician investigación respecto de hechos que NO SON DELITO  y que son denunciados por una persona, de la cual  no conocemos su identidad.

A pesar  de esto, creemos que el único poder  independiente  hoy  que puede parar el actuar ilegal de las policías, es el poder judicial y por esto hemos presentado esta apelación  a la Corte Suprema, para poder  ejercer nuestra labor, que es proteger derechos constitucionales como la presunción de inocencia  y el debido proceso. No tenemos nada que ocultar  ni esconder, somos profesionales serios e independientes  que hoy realizan defensas de casos complejos y que tienen una connotación evidentemente política.

Respecto al hostigamiento hacia tu persona, ¿es un actuar sistemático y constante?

Como antecedente previo puedo mencionar que el Fiscal Chiffelle hace 6 años ordenó una investigación  en mi contra, siendo este una herramienta de amedrentamiento contra las defensas de nuestros representados y que el poder judicial no controla, sin ir más lejos, el ministerio público puede ordenar una investigación en contra de una persona, sin que sea conocido por la opinión pública, pudiendo  ser esta  persona  investigada,  con intervenciones telefónicas y  muchas medidas intrusivas y no enterarse nunca de este proceso, lamentablemente esa persona nunca tuvo un juez de garantía que procurara que sus  derechos fueran resguardados. Una  situación similar de hostigamiento ha sufrido nuestra  colega en Santiago, Heminda Villegas, quien tuvo que presentar denuncias en el ministerio público por constantes seguimientos  en su lugar de trabajo.

A pesar de esto, desde el año 2010 hemos estado presente en todas las causas que el  ministerio público a cursado por delitos terroristas, en los cuales contamos con  un resultado aproximado de un  98% de absoluciones, en este contexto donde no solo se ha absuelto, sino que se ha condenado al  ministerio público y al estado chileno en  costas millonarias.

 Es importante reconocer que defendemos a personas carentes de recursos, no defendemos a empresarios,  otra medida del poder judicial en este momento ha sido el cierre de la querella, de la única persona que denuncia apremios ilegítimos en contra de la policía.

Respecto a este u otros casos relacionados con el mal denominado conflicto mapuche ¿has recibido presiones políticas?

Al ser una organización independiente no recibimos dinero del  estado, solo recibimos aportes tanto de los imputados, o solidaridad y autofinanciamiento. Sin embargo si he percibido cierta permeabilidad por parte del poder judicial, ya que  la sala de corte de apelaciones que ha reingresado 2 veces a la Machi Linconao a la cárcel,  más aun, hoy cierra la querella que José Manuel Peralino interpone en contra de los funcionarios policiales,  habiendo diligencias pendientes, sobreseyendo definitivamente y  librando de toda culpa a policías que son denunciadas por tormentos y apremios ilegítimos, lamentablemente nos encontramos con un  poder judicial pareciera estar  de acuerdo con que se realicen ese tipo de apremios , no respetándose el  estado de derecho.

 ¿Cómo ves el falso rumor que se habría ofrecido dinero que generar declaraciones que podrían beneficiar a tus defendidos?

Ante la opinión pública se ha generado un cuestionamiento respecto de la labor de los abogados defensores. Nosotros estamos convencidos que no existe delito alguno, es más, hemos   pedimos copia de esta investigación al ministerio público. Es importante tener en cuenta que el ministerio público tiene una obligación constitucional, la cual es investigar delitos, pero contrario a esta obligación, hoy la fiscalía de alta complejidad, está abocada a investigar a defensores  que son su contraparte.

Es necesario mencionar que estos  los abogados querellantes,  cuentan con cautelas de garantías por que no han cumplido con la entrega de pruebas, ya que no  existen antecedentes para acusar a las 11 personas  imputadas en este caso.

Por otro lado los cuestionamientos  a la labor de los querellantes no provienen de nuestra parte, fue el mismo Fiscal Ricardo Traipe quien cuestionó al fiscal Chiffelle,  él  lo hizo público.

A  la policía de investigaciones no la cuestionamos nosotros fueron los mismos imputados que denunciaron ante un juez y  luego presentaron un recurso en tribunales, lo que nosotros hacemos es respaldar legalmente a nuestros representados pero nunca han existido  acusaciones personales contra el fiscal Chiffelle, el solo ha sido mi contraparte hace 7 años.

En relación al futuro de tus representados ¿Cómo se ve su futuro en las próximas diligencias?

El ministerio publico presentó una acusación dentro de la cual,  hemos solicitado antecedentes para respaldar nuestras labores de defensa, sin embargo nos encontramos,  con la desagradable sorpresa que faltan muchos de los antecedentes solicitados, haciendo difícil litigar con un ministerio público que sistemáticamente se niega a investigar lo que la defensa requiere, nosotros nos encontramos obligados a solicitar que el ministerio publico realicen ciertas diligencias, lamentablemente al negarse continuamente a estos procedimientos entorpecen las labores de defensa, promoviendo una visión negativa de nuestra labor ante la opinión pública. En este sentido se ha pretendido instaurar la idea que nosotros estamos interesados en dilatar el proceso, cuando es todo lo contrario, ya que los imputados necesitan recuperar su libertad y para esto es necesario disponer de la totalidad de los antecedentes, más aun cuando arriesgan condenas de cadena perpetua.

Nosotros creemos que nuestros representados deben ser absueltos, desde el primer día quedo establecido, que el único antecedente de participación era la declaración de José Manuel Peralino, quien se retractó en la primera audiencia, declarando que había sido obligado a firmar una carta sumado a una persecución durante 3 años. En esta línea, la jurisprudencia dice que “la sola declaración de un testigo protegido no es suficiente para condenar a nadie”, no existiendo ningún antecedente de participación real. En todos los procesos en los cuales ha participado, el Centro de Investigaciones y Defensa Sur ha salido adelante con todas sus defensas, es más el  ministerio público, señala en  su sentencia que se tratan de  pruebas débiles vagas y de poca seriedad.