La muerte de Catrillanca y los hallazgos de la autopsia
Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, murió el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, comuna de Ercilla, durante un operativo del "Comando Jungla" de Carabineros. La autopsia, presenciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), estableció que la herida mortal fue un disparo que ingresó por la nuca, con munición del tipo utilizado por Carabineros de Chile.
La entonces directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló en su momento que Catrillanca y el adolescente que lo acompañaba iban desarmados y que el tractor en el que se desplazaban recibió 23 impactos de bala. La familia presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Collipulli.
El Comando Jungla y la crisis política
El "Comando Jungla" era una unidad especial de Carabineros creada en 2018 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Fue entrenada por instructores colombianos con experiencia en operaciones contra grupos armados. Se desplegó en la Araucanía como parte del plan de seguridad "Impenetrable" para enfrentar hechos de violencia rural asociados al conflicto mapuche.
La muerte de Catrillanca derivó en una crisis política que terminó con la renuncia del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. La versión inicial de Carabineros aseguraba que Catrillanca había intentado robar un vehículo y disparado contra la patrulla. Esa versión no coincidía con las imágenes de una cámara GoPro de uno de los efectivos. La institución había negado en un primer momento la existencia de esa cámara. El caso derivó además en la disolución del propio Comando Jungla.
Quién era Camilo Catrillanca
Catrillanca era nieto del lonko de la comunidad de Temucuicui Autónoma y trabajaba en labores agrícolas junto a su familia. Su muerte se convirtió en uno de los casos con mayor repercusión mediática del conflicto mapuche de la última década. Generó manifestaciones de rechazo en distintas ciudades de Chile en los días posteriores al hecho.
El juicio y las condenas de 2021
El caso llegó a juicio oral en el Tribunal de Angol. En enero de 2021, el tribunal condenó al exsargento Carlos Alarcón –autor de los disparos– a 16 años de presidio por homicidio y por el homicidio frustrado del adolescente que acompañaba a Catrillanca. Otros siete exfuncionarios y un abogado fueron condenados por delitos asociados, entre ellos coacción ilegítima y obstrucción a la investigación. Fue una de las pocas ocasiones en que un tribunal civil ordinario, y no la justicia militar, condenó a policías por la muerte de una persona mapuche en democracia.
Consecuencias legislativas e institucionales
A raíz de este caso, distintos parlamentarios presentaron en 2019 un proyecto de ley conocido informalmente como "Ley Catrillanca". La iniciativa buscaba exigir el uso obligatorio y permanente de cámaras corporales por parte de Carabineros en operativos en zonas de conflicto. Retomó fuerza legislativa varios años después, en el marco de un debate más amplio sobre transparencia y rendición de cuentas policial en Chile tras el estallido social de 2019.
La Cámara de Diputados formó una comisión investigadora especial sobre las circunstancias de la muerte de Catrillanca y el manejo comunicacional del caso por parte del gobierno. El informe final de esa comisión, aprobado en 2019, concluyó que hubo responsabilidades políticas por la entrega de información incompleta a la opinión pública en los días posteriores al hecho. Esas responsabilidades políticas se sumaron a las responsabilidades penales que determinó después la justicia ordinaria contra los funcionarios policiales involucrados.
El caso también motivó una revisión del sistema de comunicaciones internas de Carabineros. Esa revisión se produjo luego de que se estableciera que la versión inicial entregada a la prensa y al propio gobierno no coincidía con los partes policiales reales del operativo. Informes posteriores de la Contraloría General de la República vincularon ese problema a fallas de control interno dentro de la institución, más allá de la responsabilidad penal individual de los funcionarios involucrados.