Las muertes en el fundo El Encino
La tarde del 10 de junio de 2017, Luis Marileo Cariqueo, de 24 años, y Patricio González, de 23, murieron por disparos de bala en el fundo El Encino. El fundo está ubicado en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco. El propietario del predio, Ignacio Gallegos Pereira, es un excapitán de Carabineros convertido en terrateniente de la zona. Reconoció haber efectuado los disparos y alegó haber actuado en legítima defensa ante lo que describió como un ataque a su propiedad.
Existen dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido ese día. Según la versión policial inicial, un grupo de cinco personas habría atacado la propiedad de Gallegos, quien repelió la agresión. Según la versión de la comunidad mapuche y de organizaciones que acompañaron el caso, Marileo y González habían llegado esa tarde al fundo –que se encontraba en un proceso de recuperación territorial– junto a otros tres acompañantes. Su propósito era conversar con Gallegos sobre un caballo perdido de propiedad de Marileo que había sido visto en los corrales del predio. En cambio, fueron recibidos a balazos.
La investigación y el camino a juicio
La Fiscalía solicitó en un primer momento cerrar la investigación sin corroborar de forma independiente la versión de legítima defensa entregada por Gallegos. Esto llevó a organizaciones mapuche y a la comunidad Cacique José Guiñón a movilizarse públicamente para exigir que la investigación no se cerrara y que el caso llegara a juicio. El proceso judicial contra Gallegos por las dos muertes finalmente comenzó a fines de 2019 ante el tribunal de Malleco.
Luis Marileo tenía, según reportes de la época, un historial previo de procesos judiciales y detenciones relacionadas con el conflicto mapuche en la zona. Esto incluía episodios de prisión preventiva prolongada por causas que, según sus defensores, respondían a montajes policiales. Este patrón judicial fue documentado también en otros casos de comuneros de la misma zona de Malleco.
Reacciones internacionales y un resultado judicial sin confirmar
El caso generó pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos y de solidaridad con el pueblo mapuche. Estas organizaciones calificaron las muertes de Marileo y González como parte de un patrón de violencia armada contra comuneros involucrados en procesos de recuperación territorial en predios agrícolas y forestales del sur de Chile. En este caso, la violencia fue ejercida no por fuerzas policiales sino por un propietario privado con formación policial previa.
No hay constancia pública del resultado final –condena o absolución– del juicio contra Ignacio Gallegos Pereira por las muertes de Luis Marileo y Patricio González.
La comunidad Cacique José Guiñón anunció públicamente su intención de querellarse contra Gallegos por las dos muertes. Organizaciones internacionales de solidaridad con el pueblo mapuche emitieron además pronunciamientos de rechazo en los días posteriores al hecho. Calificaron lo ocurrido como parte de un patrón de violencia armada de propietarios privados –muchos de ellos con formación policial o militar previa– contra comuneros involucrados en procesos de recuperación de tierras en el sur de Chile. Se trata de un patrón distinto pero relacionado con la violencia ejercida directamente por las fuerzas policiales del Estado en la misma región.
El caso en el contexto de la violencia letal de 2017-2018
El caso de Marileo y González ocurrió apenas un año y medio antes del homicidio de Camilo Catrillanca, otro joven comunero mapuche, en noviembre de 2018, a manos del Comando Jungla de Carabineros en la comunidad de Temucuicui. A diferencia de este caso, el de Catrillanca involucró directamente a un organismo policial del Estado y terminó con condenas judiciales confirmadas en 2021 contra los responsables. En conjunto, ambos casos llevaron a organizaciones de derechos humanos a documentar una escalada de episodios de violencia letal contra jóvenes mapuche en la Araucanía y Malleco entre 2017 y 2018, proveniente tanto de actores privados armados como de fuerzas policiales estatales. Esta escalada tuvo lugar en una zona de la provincia de Malleco que concentró varios de los episodios de violencia letal más graves del conflicto mapuche de esos años.