El allanamiento a la casa de los padres
El 4 de febrero de 2017, unos veinte funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la casa de los padres de Vicente Montecinos. Montecinos era reportero y camarógrafo, y en esa época colaboraba con werken.cl cubriendo hechos vinculados al conflicto en comunidades mapuche de Arauco, Malleco y Cautín.
Según el subcomisario Roberto Bolvarán, a cargo del procedimiento, este se realizó por instrucción del fiscal de Collipulli Luis Arroyo Palma. Los padres del reportero, ambos profesores jubilados, señalaron no haber recibido una orden escrita ni copia del acta de especies incautadas. Entre lo incautado había tres notebooks, un equipo Mac y varios discos duros de respaldo.
El trabajo periodístico de Vicente Montecinos
Montecinos había registrado y difundido, entre otros trabajos, el allanamiento de la comunidad mapuche Rodrigo Melinao en Pailahueque. También había producido los documentales "Eluwun, el funeral de un guerrero" y "Wiñol Ñi Lan: la muerte del ciclo".
El marco legal de un allanamiento en Chile
En Chile, un allanamiento a un domicilio particular requiere en general una orden judicial previa emitida por un juez de garantía, salvo situaciones de flagrancia. La ausencia de una orden escrita entregada a los afectados fue señalada en este caso por los padres del reportero. Es uno de los elementos que las organizaciones de defensa de la prensa suelen examinar al evaluar denuncias de este tipo.
Un patrón de hostigamiento a la prensa mapuche
Episodios de incautación de equipos de trabajo a periodistas y camarógrafos que cubren el conflicto mapuche en la Araucanía han sido documentados en distintos períodos. Organizaciones como el Colegio de Periodistas de Chile y, a nivel internacional, Reporteros Sin Fronteras los han registrado. Reporteros Sin Fronteras, en sus informes anuales sobre libertad de prensa en Chile, ha incluido menciones puntuales a la cobertura del conflicto territorial en el sur del país como una zona de mayor riesgo para el ejercicio periodístico.
No se registran antecedentes públicos sobre el resultado final de la investigación que motivó este allanamiento, ni sobre la eventual devolución de los equipos incautados a la familia del reportero.
La comuna de Collipulli, cuyo fiscal instruyó este procedimiento, forma parte de la provincia de Malleco. Esta provincia es una de las zonas con mayor densidad de causas judiciales asociadas al conflicto mapuche en toda la Araucanía. Los allanamientos a domicilios de personas vinculadas –directa o indirectamente– a comunidades en conflicto incluían a familiares de comuneros y colaboradores de medios independientes. Este fue un patrón documentado de forma reiterada por organizaciones de derechos humanos chilenas durante la segunda mitad de la década de 2010.
Werken.cl, el medio con el que colaboraba Montecinos, formaba parte de un conjunto de sitios de prensa digital independiente surgidos en Chile desde comienzos de la década de 2010. Estos sitios estaban dedicados específicamente a la cobertura del conflicto mapuche desde una perspectiva cercana a las comunidades. Formaban un ecosistema informativo paralelo a la prensa nacional tradicional, que en general dedicaba menos espacio sostenido a este tipo de coberturas locales.
La respuesta del gremio periodístico
El Colegio de Periodistas de Chile documentó, en su informe anual sobre libertad de expresión correspondiente a 2017, un aumento de denuncias de comunicadores que cubrían el conflicto mapuche. Denunciaban retención de equipos, obstrucción a su labor durante allanamientos y, en algunos casos, agresiones físicas durante coberturas en terreno. Ese gremio calificó el fenómeno como una de las principales amenazas a la libertad de prensa regional de ese período, por encima de otras formas más tradicionales de censura.
Casos posteriores de incautación de material periodístico durante coberturas del conflicto mapuche llevaron, ya en la década de 2020, a que distintas escuelas de periodismo chilenas incorporaran protocolos de seguridad específicos para estudiantes y egresados que cubren zonas de conflicto. Organizaciones del gremio atribuyen ese desarrollo, en parte, a la acumulación de episodios como el que afectó a la familia de Montecinos en 2017.